El derecho a la salud en la propuesta constitucional

diciembre 2023

El derecho a la salud en la propuesta constitucional

En un reportaje publicado por CIPER Chile, el investigador del CiPP UAH y coordinador académico del Núcleo Constitucional de esta casa de estudios, Sebastián Salazar, analiza el sistema de salud establecido en el texto que será plebiscitado y se refiere a las limitaciones al legislador y la reinterpretación ideológica del Estado Social.

La discusión sobre el alcance de las instituciones públicas y privadas en el ámbito de la salud de la propuesta constitucional que se plebiscita este domingo 17 de diciembre fue abordada en un Reportaje por el medio CIPER, quien conversó con Sebastián Salazar, investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas, CiPP, y coordinador académico del Núcleo Constitucional de la Universidad Alberto Hurtado. Éste se refirió a las limitaciones al legislador y la reinterpretación ideológica del Estado Social. “Las derechas sostienen que esto implica no solo a las prestaciones sociales, en este caso concreto en salud, sino que también a los regímenes jurídicos sobre los cuales se pueden articular las acciones en salud, sea a través de subsistemas públicos y privados completamente separados. La centroizquierda y la izquierda sostienen en cambio que, dentro de un marco general y común de articulación de políticas públicas, la elección se realiza a nivel de prestadores públicos y privados de las acciones en salud. Por tanto, hay una diferencia ideológica de niveles y de alcance”, explica Salazar

El académico de la Facultad de Derecho de la UAH explica que la diferencia ideológica entre las posturas se relaciona con los niveles y el alcance de la participación de instituciones públicas y privadas en la prestación de servicios de salud. Ante ello Salazar sugiere que lo óptimo habría sido permitir ambas opciones, brindando al legislador democrático la capacidad de definirlas.

Sebastián Salazar argumenta que la propuesta refleja una visión diferente del concepto de Estado Social en comparación con el derecho comparado y otras derechas en el mundo. Se sostiene que la responsabilidad de satisfacer los derechos sociales fundamentales recae en el Estado. “En una economía de libre mercado, esto se puede realizar de diversas maneras, a través de la regulación, control, fiscalización y fomento de acciones tendientes a lograr dicho objetivo. La prestación directa de organismos públicos de bienes sociales es una de las tantas actividades administrativas que el Estado puede adoptar, sea a nivel nacional, regional o local”. Además, Salazar menciona la colaboración privada en la prestación de servicios públicos, señalando que la diferencia entre el rol público y privado a menudo radica en matices o intensidades.

El abogado argumenta que hay una tendencia por parte de estas corrientes a asociar los Estados Sociales directamente con el estatismo y el colectivismo monopólico. “Este temor lo que busca es separar completamente la política (Estado) de la economía (sociedad civil), en el que la satisfacción de los derechos sociales debe realizarse dentro del segundo ámbito, es decir, la economía”. Esto quiere decir, según el académico, que se busca separar completamente la esfera política y económica, desplazando la responsabilidad de la satisfacción de los derechos sociales hacia la economía, y esto, según su perspectiva, contradice los principios fundamentales del Estado Social de Derecho.

Salazar explica que la idea no sería incluir directamente a las ISAPRES en la Constitución, pero sí establecer la presencia de proveedores privados dentro de un marco de salud privado. Si estas instituciones enfrentaran problemas financieros y llegaran a quebrar, el Estado tendría la obligación de intervenir para salvarlas o generar alguna institución similar, ya que habría una obligación de asegurar su continuidad.

La propuesta constitucional, comenta el académico, establecería un marco restrictivo para el legislador, limitando su capacidad para realizar ajustes y priorizando la implementación de la visión ideológica específica. “Es más, el legislador estaría supeditado, como principal finalidad, a la de operativizar la definición programática de la derecha indicada anteriormente y a esta particular, refundacional e ideológica forma de comprender el Estado Social y Democrático de Derecho, en que se encuentran sustantivos elementos de subsidiariedad”, puntualiza Salazar.

 Puedes revisar la entrevista en el siguiente enlace.