Rafael Blanco, investigador CiPP y académico UAH en El Mercurio: “(en la convención) se han promovido ideas para instalar un consejo o cuerpo colegiado a la cabeza del Ministerio Público, idea que se aparta de la fisonomía y lógica orgánica de un ente persecutor criminal que debe ser eficiente, eficaz y oportuno en la persecución del delito”
El trabajo de la Convención Constituyente y sus comisiones especializadas tienen el mandato de revisar la institucionalidad en materia de justicia para mejorar su arquitectura, orgánica, funcionamiento, reglas y competencias de cara a las exigencias de un Estado de Derecho, generando pesos y contrapesos al interior del sistema judicial. Sin embargo nos estamos alejando de esa pretensión. Así lo cree Rafael Blanco, investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) de la Universidad Alberto Hurtado, quien planteó esta visión en una columna de opinión publicada en el diario El Mercurio el pasado 22 de marzo.
“Para ello era necesario erradicar de la Corte Suprema las funciones administrativas y de gestión, así como las atribuciones en materia de nombramiento y control disciplinario para evitar lesionar la independencia interna de los jueces”, sostiene Rafael Blanco. Eso se ve imposible de alcanzar con la fórmula de un Consejo de Justicia que favorece la politización del órgano y que solo logra trasladar el problema de un lugar a otro. Además, agrava los problemas de independencia interna al permitir evaluar el trabajo de los jueces y juezas en audiencias públicas contradiciendo la inamovilidad e independencia en la función jurisdiccional.
La idea era transformar a la Corte Suprema en “un genuíno órgano de casación que podría uniformar el derecho y dotar de mayor certeza al funcionamiento del sistema jurídico”, puntualiza el académico.
Con relación al Ministerio Público, señala que “Se han promovido ideas para instalar un consejo o cuerpo colegiado a la cabeza del Ministerio Público, idea que se aparta de la fisonomía y lógica orgánica de un ente persecutor criminal que debe ser eficiente, eficaz y oportuno en la persecución del delito”, dice Blanco. Dichas instancias se configuran con cabezas unipersonales que permiten identificar responsabilidades y exigir rendiciones de cuenta de modo más claro.
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