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Efectos Económicos y Sociales de una Política de Alimentación Laboral

noviembre 2021

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Carlos J. García, investigador CiPP y académico UAH: “Chile puede perder una parte de su crecimiento potencial por no enfrentar adecuadamente la pandemia de la obesidad dentro de sus políticas públicas”

El investigador del CiPP y académico de la UAH, Carlos García, dirigió el estudio sobre “Efectos Económicos y Sociales de una Política de Alimentación Laboral”, de la Consultora FoqusChile, co autoreado con Marta Manríquez de FoqusChile y como investigadora invitada, Ornella Tiboni, representante de la FAO en Chile.

Carlos García, dirigió el estudio sobre “Efectos Económicos y Sociales de una Política de Alimentación Labora “Los resultados indican que Chile puede perder una parte de su crecimiento potencial por no enfrentar adecuadamente la pandemia de la obesidad dentro de sus políticas públicas”. Así de lapidaria es una de las principales conclusiones del estudio “Efectos Económicos y Sociales de una Política de Alimentación Laboral”, que destacó Carlos García, investigador del CiPP, académico de la UAH e investigador a cargo del desarrollo del proyecto que culminó con este acabado informe, publicado en marzo del año pasado, y que busca ser un aporte a la discusión pública sobre los beneficios de alimentación laboral saludable, colocando a disposición datos económicos que ayuden a la toma de decisión de las autoridades de nuestro país.

Catalogados como “pandemia”, en Chile el sobrepeso y la obesidad “parecieran estar fuera de control”, señala el estudio, acotando que el país: “…ha sido nominado como campeón en sobrepeso y obesidad por la OCDE en el año 2019”. Y las cifras que lo demuestran son elocuentes, pues el 69% de la población entre 20 y 64 años padece una de estas dos patologías: “…lo que ha provocado que al año fallezcan cerca de 6.500 hombres y mujeres en plena capacidad laboral por causas asociadas a la obesidad (CEPAL, 2017). Los costos (o pérdidas) en productividad debido a esta mortalidad prematura y al ausentismo laboral, alcanzaron en 2014 los US$ 75 millones y US$ 33 millones respectivamente”, consigna el estudio. (aquí foto obesidad, con pie lectura:

Al respecto, García es claro: “Los efectos de esta pandemia sobrepasan por mucho los límites de la salud de los trabajadores, afectando el desempeño de la economía como un todo, con caídas importantes en el consumo, la inversión, los salarios y la oferta de trabajo”. 

De ahí la relevancia de esta investigación que pone énfasis en la imperiosa necesidad de impulsar políticas públicas que fomenten la alimentación saludable en los espacios laborales, recordando que en el Código Laboral la alimentación se entiende como “el beneficio de colación” y no como un derecho, quedando así al arbitrio de los empleadores si lo entregan o no; y si lo otorgan, a la voluntad también la modalidad que quieran utilizar y el monto que desean desembolsar.

El tema de la obesidad y sobrepeso también tiene que ver con el tipo de alimentación disponible, sostuvo García: “El crecimiento económico viene aparejado en forma masiva con aumentos de una alimentación rica en azúcar, grasas y sodio, y por tanto en el surgimiento de muchas enfermedades graves como la diabetes, ciertos tipos de cáncer, etcétera. Este fenómeno ocurre en la mayoría de las economías emergentes, incluso con el conocimiento disponible de las empresas y los propios trabajadores de las ventajas de la alimentación saludable”.

 

Otra variable que también entra en el círculo de la dieta que eligen las personas se entronca con la relación entre el poder adquisitivo y el precio de los alimentos: “En nuestro país se estimó que una canasta alimentaria de calidad sería 36,1% más costosa que la canasta básica alimentaria, lo que significaría que hasta 27% de la población no podría acceder a ella (FAO, OPS, WFP y UNICEF, 2019). Esta realidad es la que viven miles de trabajadores diariamente: no poder acceder a una alimentación adecuada en la jornada laboral por no contar con un presupuesto Suficiente”.

La tasa de mortalidad asociada a una alimentación no saludable en el año 2017 fue de 158 muertes por cada 100.000 habitantes. Esto – trajo al presente el estudio- motivo al Estado chileno a diseñar estrategias para promover una dieta equilibrada, pero la mayor parte dirigidas a niños, niñas y jóvenes que cursan estudios en el sistema escolar.

Sin embargo, para el mercado laboral no existe este tipo de política de salud: “Así entonces, el lugar de trabajo se ha transformado en una oportunidad completamente perdida para modificar la cultura y promover estilos de alimentación saludable, y de esta forma, erradicar el sobrepeso y la obesidad en Chile”, un espacio que por lo demás es idóneo para propagar hábitos saludables si se considera  el importante número de trabajadores(as) formales que componen la fuerza laboral del país y sus familias.

Es por ello la reflexión de García: “Es difícil entender la ausencia de políticas de alimentación sana en los lugares de trabajo -donde se desarrolla buena parte de la vida las personas- en un país que quiere tener una fuerza de trabajo sana y productiva”.

Más aún si desde la perspectiva del impacto en la economía es tremendamente decidor: “Un aumento de 30% en la alimentación saludable en diez años, plazo que se dio las Naciones Unidas para promover la alimentación sana en el mundo, podría generar un punto más de crecimiento del PIB en el largo plazo”, destacó el académico.

Consultado sobre qué se requiere para sustentar una política de salud de esta naturaleza, planteó: “La necesidad de implementar impuestos, subsidios, y cambios culturales, de promover fuertemente la alimentación saludable en los lugares de trabajo. Sobre todo, si los beneficios sobrepasan, por mucho, los costos, como se encuentra en este estudio”.

Revisa acá el estudio completo  

https://foquschile.cl/wp-content/uploads/2021/04/Estudio-Alimentacion-Laboral.pdf